El Gobierno de Asturias promueve la creación de una Comisión que deberá reducir trabas burocráticas

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la constitución de una comisión encargada de simplificar los trámites y reducir las trabas burocráticas para facilitar la actividad empresarial y conseguir una relación más fluida de los ciudadanos con la Administración. El Gobierno de Asturias, que comparte estos objetivos con otras comunidades y con la Unión Europea, pretende sentar las bases para agilizar las normativas, impulsar la administración electrónica y favorecer la consolidación de empresas en la región.  

La comisión estará formada por un grupo de trabajo adscrito a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana que se encargará de elaborar una guía y un plan estratégico de simplificación administrativa y que valorará los procedimientos actuales para reducir el número, el tiempo y el coste de los mismos.  

El equipo, que implicará a todos los departamentos del Ejecutivo autonómico, dispondrá de un plan de acción para revisar, por un lado, el ordenamiento jurídico autonómico e identificar las normas vigentes que requieran su derogación, simplificación o modificación y trabajar, por otro, para suprimir trabas administrativas a las empresas. Para ello, se formarán dos grupos de trabajo diferentes.

Las actuaciones afectarán a toda la estructura de la Administración, en la que se identifican las siguientes áreas prioritarias:

  • Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana: fomento de la participación de la ciudadanía y los empleados públicos en los procesos de simplificación y reducción de cargas e impulso del expediente electrónico en el ámbito de las competencias del Consejo de Gobierno.
  • Consejería de Hacienda y Sector Público: revisión de la normativa propia e impulso de la contratación centralizada.
  • Consejería de Empleo, Industria y Turismo: revisión de los procedimientos relativos al inicio de la actividad empresarial.
  • Consejería de Educación y Cultura: impulso de medidas que simplifiquen la gestión económica de los centros públicos no universitarios y los procesos selectivos de los cuerpos docentes.
  • Consejería de Servicios y Derechos Sociales: simplificación y agilidad de los procedimientos relacionados con el salario social básico y también con el procedimiento para el reconocimiento de la condición de  familia numerosa, así como la expedición y renovación del título que acredita dicha condición.
  • Consejería de Sanidad: fomento del acceso telemático a los procedimientos del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).
  • Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente: simplificación de los procedimientos relativos al desarrollo del planeamiento y territorio, uso del suelo y medio ambiente.
  • Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales: simplificación y agilidad de los procedimientos relacionados con las ayudas pesqueras y agroganaderas.

La comisión tiene un mes de plazo para constituirse, otros tres meses para aprobar el manual o guía de simplificación administrativa y seis más para sacar adelante un plan de iniciativas normativas prioritarias y dar luz verde a un informe sobre las áreas de actuación más relevantes.  En el plazo de 14 meses desde su constitución, el órgano deberá tener elaborado un Plan Estratégico de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas Burocráticas de la Administración del Principado de Asturias, de acuerdo con el cronograma aprobado también hoy por el Consejo de Gobierno.

Además, se creará un buzón de  simplificación administrativa. Se trata de un canal de correo electrónico, al que se podrán acceder desde la webwww.asturiasparticipa.es, para fomentar la participación ciudadana y la recepción de sugerencias e iniciativas que redunden en la reducción de trabas.

1.096 trámites disponibles a través de la web

Actualmente, a través de la web del Principado se pueden realizar 1.096 trámites. En los últimos cuatro años, el sistema ha recibido 1,2 millones de consultas que han permitido un ahorro aproximado de 6,3 millones, a razón de cinco euros por documento tramitado de manera electrónica. El Ejecutivo autonómico dispone de 45 servicios para la tramitación de certificados y documentos y la consulta de datos personales, lo que permite gestionar con mayor agilidad los procedimientos.

 

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