Asturias recibirá este año 546.000 euros más para proyectos sociales con cargo al IRPF

Asturias recibirá este año 3.999.493 euros (546.895 más que en 2017) para financiar la convocatoria anual de subvenciones a organizaciones no gubernamentales que realizan las comunidades autónomas con cargo al 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), recaudado de los contribuyentes que marcan la casilla de fines sociales.

El Principado incrementa un 15,8% la cantidad asignada por el Estado, tras el acuerdo alcanzado este jueves entre el Ejecutivo central y las autonomías, después de casi un año de reuniones técnicas destinadas a establecer los parámetros definitivos que regirán el reparto de fondos.

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, que ha participado en Madrid en la reunión del primer pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales presidido por la ministra Carmen Montón, ha celebrado el acuerdo. Este pacto mejorará sustancialmente la financiación para proyectos de entidades de iniciativa social, que permiten desarrollar en Asturias programas de apoyo a la infancia, familias, colectivos de mayores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad y exclusión.

Por otra parte, Varela ha resaltado que el Principado recibirá cerca de 180.000 euros más para el desarrollo de medidas contra la pobreza infantil, que se sumarán a los 2.061.371 previstos inicialmente para este ejercicio. Se trata de las cuantías aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros, a propuesta del Alto Comisionado por la Infancia, y que aumenta en otros 5,2 millones, hasta duplicarlo, el presupuesto destinado por el Gobierno de España a financiar programas vinculados a comedores escolares, actividades de tiempo libre y desarrollo cultural de los menores en épocas vacacionales. 

Desde el año pasado, las comunidades gestionan el 80% de los fondos de la ‘X solidaria’ de la declaración de la renta, que hasta entonces administraba exclusivamente el Estado. Lo hacen en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, del 19 de enero de 2017, que estimó parcialmente la inconstitucionalidad del anterior modelo y determinó que una parte fuese gestionada por las autonomías.

Por la premura de plazos, en 2017 los fondos se repartieron de acuerdo con las cuantías recibidas por las entidades de cada comunidad el ejercicio anterior, pero se acordó trabajar en el diseño de un nuevo modelo de distribución equitativo y basado en criterios objetivos. Ahora, se ha consensuado una propuesta basada en principios cuantificables, como población, dispersión y superficie, junto con indicadores como el Arope, que valora situaciones y riesgo de pobreza y exclusión social. El sistema se irá aplicando de manera progresiva en los próximos ejercicios presupuestarios, con el fin de alcanzar el reequilibrio que implican los nuevos parámetros.

La consejera ha destacado la voluntad del nuevo Ejecutivo central para dar prioridad a las políticas sociales. También ha recordado el compromiso de la ministra para mejorar la financiación de la Ley la Dependencia en los próximos presupuestos, asumiendo las conclusiones del informe aprobado por el consejo territorial respecto a esta materia, revisando el nivel mínimo de financiación y recuperando progresivamente el eliminado en 2012 por el Partido Popular. Asimismo, ha aludido a la recuperación de la cotización a la Seguridad Social para las personas cuidadoras del sistema de dependencia antes de que acabe este año.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para fines de afiliación y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Al hacer clic en el botón Aceptar, aceptas el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad