El Consejo de Gobierno aprueba 4,6 millones para facilitar la incorporación de medidas de eficiencia energética en empresas

El Gobierno de Asturias ha aprobado un gasto plurianual de 4.688.692 euros destinado a la promoción de la eficiencia energética en pymes y grandes industrias. Esta línea de ayudas, que cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), favorece la incorporación de mejoras tecnológicas en equipos y procesos industriales y la implantación de sistemas de gestión energética en empresas.

La convocatoria está dotada con fondos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y es la primera que aprueba este organismo en materia de eficiencia energética para pymes y grandes industrias. Para acogerse a estas subvenciones, las compañías han de lograr una reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y del consumo de energía final y cumplir con las condiciones establecidas en las bases.

El expediente aprobado este jueves prevé la siguiente distribución de créditos: 688.692 euros para este año, dos millones en 2020, 1,5 millones en 2021 y 200.000 euros en 2023.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2014-2020, que cuenta con un presupuesto global de 307,6 millones para el desarrollo de actuaciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de ahorro que fija la Comisión Europea para los distintos sectores consumidores. Este organismo establece para toda España un total de 15.979 toneladas equivalentes de petróleo (tep) para el final del periodo. En relación con la industria, que representa el 25% del consumo total nacional y tiene un enorme potencial de ahorro, se propone llevar a cabo acciones que incidan en la mejora de la eficiencia en tecnologías y procesos y en la implementación de sistemas de gestión.

Esta línea de subvenciones complementa las iniciativas que en los últimos años ha ejecutado el Principado para reducir las emisiones de dióxido de carbono y avanzar hacia un consumo eficiente en la industria. En este sentido, la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica ha realizado dos convocatorias de ayudas (2017 y 2018) que han apoyado 77 proyectos de eficiencia energética por 9,3 millones y han logrado una reducción anual de emisiones de 4.900 toneladas de CO2. Estos fondos han facilitado la sustitución de equipos consumidores de energía por otros más eficientes (quemadores de combustible, motores y luminarias, principalmente), así como la elaboración de auditorías energéticas en pequeñas y medianas empresas.

Dotación de redes wifi para centros docentes

El Ejecutivo autonómico ha aprobado un gasto plurianual de 373.239 euros para ofrecer a los centros docentes acceso a redes inalámbricas wifi, una vez finalizada la dotación de servicios de conectividad ultrarrápida a internet.

Esta mejora se enmarca en el proyecto Escuelas conectadas que la Consejería de Educación ha desarrollado junto con el Ministerio de Educación y la empresa pública Red.es para la extensión de la banda ancha en centros públicos no universitarios, con el fin de consolidar el uso de las tecnologías de la información. Esta iniciativa, que ha supuesto una inversión de 6,5 millones, ha permitido dotar de conexión ultrarrápida a 400 centros y más de 90.000 estudiantes.

Una conectividad rápida, segura, de gran capacidad y calidad en colegios e institutos permite reducir la brecha digital e impulsar una educación más moderna e innovadora.

La partida aprobada este jueves, que cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), se divide en dos anualidades: 97.042 euros para este ejercicio y 276.197 para el próximo.

Nombramientos en la Consejería de Industria

El Consejo de Gobierno también ha aprobado dos nombramientos a propuesta de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. Se trata de los siguientes:

  • Directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa): Pilar Varela Díaz (Avilés, 1960).

Diplomada en Magisterio y licenciada en Pedagogía por la Universidad de Oviedo, fue directora de Formación en la Ciudad Industrial Valle del Nalón (Valnalón) y participó en la comisión ejecutiva de la Fundación del Metal de Asturias. Durante la pasada legislatura (2015-2019) fue consejera de Servicios y Derechos Sociales y previamente, alcaldesa de Avilés (2007-2015), en cuya corporación también fue concejala de Hacienda y Políticas Activas de Empleo y de Hacienda y Promoción Económica.

.        Directora general del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa): Eva Pando Iglesias (Aller, 1971).

Ingeniera industrial por la Universidad de Oviedo y MBA por la Universidad Politécnica de Madrid, dirige el Idepa desde septiembre de 2015. Ha desarrollado una parte importante de su trayectoria profesional en la Sociedad Regional de Promoción del Principado (1997-2004). Posteriormente, desde enero de 2005 hasta septiembre de 2015 trabajó en el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), donde ostentó el cargo de directora.

Estructura de la Agencia de Seguridad Alimentaria

El Ejecutivo ha aprobado el decreto que regula la estructura, así como el régimen interior y funcionamiento de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo. La principal novedad es el cambio de denominación de este órgano -antes se llamaba Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo- con el propósito de identificar mejor todas sus áreas de competencia y dar mayor visibilidad a sus actuaciones en el campo de la seguridad alimentaria.

Estas actividades se orientan a la protección de la salud ante los riesgos derivados del consumo de alimentos, mediante vigilancia y control, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en todos los eslabones de la cadena, a excepción de la producción primaria.

Por otro lado, se mantienen las competencias y responsabilidades de la agencia en materia de sanidad ambiental y consumo, áreas que cada vez adquieren mayor importancia.

La agencia es un órgano adscrito a la dirección general de Salud Pública que asume la tramitación de expedientes sancionadores por vulneración de la normativa relacionada con la defensa de consumidores y usuarios, así como el apoyo en la investigación y control de brotes epidémicos y en la implantación y seguimiento de programas de prevención y promoción de la salud en las áreas sanitarias.

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