Mercedes Cruzado (COAG Asturias): “Bruselas debe dar preferencia a las producciones comunitarias”

El sindicato agrario COAG reivindica la puesta en marcha del Estatuto de la Agricultura Social y Profesional. Entre otras medidas, señala Mercedes Cruzado (secretaria general en Asturias), ganaderos y agricultores deberían tener capacidad de negociar precios en la cadena alimentaria; la PAC debería favorecer un modelo de explotación agraria familiar, que es el característico de Asturias. Y se deberían tomar medidas respecto a la fauna salvaje y los daños que ocasiona.

Y es que COAG presentó ayer en el Congreso de los Diputados “las 100 medidas agrarias” para la reconstrucción social y económica de España, tras los efectos de la pandemia global por el COVID19. El Secretario General del sindicato a nivel estatal, Miguel Blanco, comparecía en la Comisión creada a tal efecto en representación en representación de los hombres y mujeres del campo que forman el modelo social de agricultura.

Blanco puso de relieve el potencial agrario de nuestro país, “al que se le debe dotar de herramientas de futuro para afrontar el nuevo escenario post-covid y los retos del siglo XXI”. En este sentido, apostó por la sostenibilidad, social, económica y medioambiental. Para afrontarlos, se necesita un fuerte apoyo
político y económico a escala europea y desarrollar políticas “de ordenación de mercados, revisando
tratados comerciales, estableciendo un control de las importaciones exigiendo el cumplimiento de los altos estándares comunitarios. Este sería un principio básico de preferencia comunitaria”.

A nivel estatal, el Secretario General de COAG ha señalado las líneas prioritarias de actuación: reequilibrio de la cadena alimentaria frente al actual abuso de posición de dominio de las grandes cadenas de distribución, dotación de tecnológica y democratización de la misma para la digitalización, relevo generacional con el impulso a la incorporación de jóvenes y mujeres, potenciación de las energías renovables, valorización de nuestra contribución a la descarbonización (sumideros de CO2) y reforzamiento del presupuesto comunitario para la nueva PAC, con “más presupuesto para
garantizar la viabilidad de las explotaciones, y en todo caso estableciendo políticas de prioridad en defensa del modelo social y profesional de agricultura”.

Así, Blanco ha pedido al Gobierno y a los diputados la puesta en marcha del Estatuto de la Agricultura Social y Profesional, para defender “el modelo de economía social agraria (profesionales autónomos, explotaciones familiares, cooperativas, pymes, hombres y mujeres del campo), estratégico para afrontar los grandes retos de la sociedad para las próximas décadas del siglo XXI. En el contexto actual, de grave crisis por la pandemia, “hay que reafirmar que la alimentación no puede ser considerada una mera mercancía para la especulación, sino un derecho preferente de la ciudadanía y que en la base de esa alimentación estamos los hombres y mujeres del campo, cuya labor debe ser reconocida”.