El Principado rechaza la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial

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El Gobierno de Asturias «rechaza de manera rotunda» la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre). La Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ha aprobado hoy esta medida, que supondrá «un gravísimo problema de gestión» para las cuatro comunidades que albergan más del 95% de estos cánidos en España (el Principado, Cantabria, Castilla y León y Galicia), que se han mostrado de forma unánime en contra de esta decisión.

Alejandro Calvo, el consejero de Medio Rural del Principado, asegura que el gobierno regional se ocupará «de garantizar la continuidad del Plan de Gestión del Lobo en los términos actuales «pero también recurriendo todas las disposiciones del Ministerio» si suponen «·un menoscabo a las posibilidades de gestionar la especie»

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El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, participará este viernes por la mañana en una videoconferencia con los consejeros  de Galicia, Cantabria y Castilla y León para coordinar la oposición a la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.

Inicialmente, también se han opuesto a la propuesta planteada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Andalucía, Madrid, Murcia y País Vasco, mientras que Navarra ha solicitado que la decisión se pospusiera para buscar el consenso necesario y ha optado por renunciar a participar en la votación, la misma postura adoptada por la Comunidad Valenciana. Ceuta, por su parte, no ha podido votar por problemas de comunicación durante la videoconferencia.

En la segunda y definitiva votación, ocho comunidades se han mostrado en contra de la propuesta y ocho a favor. Finalmente, el voto a favor del representante del ministerio ha servido para aprobar la medida.

Los directores generales de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia han puesto de manifiesto que, por vez primera en la historia de esta comisión, un ministerio lleva la propuesta de inclusión de una especie en el listado de protección especial sin haber alcanzado un consenso, especialmente con aquellas comunidades más afectadas.

Las cuatro autonomías se han opuesto a la pretensión del Gobierno de España desde el primer momento en que se emitió el informe del comité científico y lo han hecho de forma reiterada en los órganos técnicos correspondientes: el grupo de trabajo y el Comité de Flora y Fauna Silvestre. En todos los casos se han basado en informes avalados por datos actualizados y con el respaldo de reputados científicos.

En contraposición, «durante la reunión celebrada hoy, ni el ministerio ni ninguna de las comunidades que han apoyado su propuesta han presentado documentos que justifiquen su postura o contradigan los documentos técnicos que Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia les han hecho llegar», señala el gobierno regional.

El único aval científico que en su día presentó el ministerio «fue el de un comité que, de entrada, rechazaba la pretensión de la organización ecologista que ha iniciado este proceso para catalogar el lobo como especie amenazada, precisamente porque no se acreditaban ninguna de las condiciones que determinan esa consideración, dado que las poblaciones de este cánido han aumentado en área de distribución y en número de ejemplares de forma muy notoria en los últimos 20 años».

Ese mismo comité sí recomienda que el lobo sea incluido en el Listado de Especial Protección por “su importancia como patrimonio natural, científico, así como por los servicios ambientales que produce en los ecosistemas”, argumentos que son perfectamente compatibles con la gestión que vienen realizando las cuatro comunidades del norte.

El propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha opuesto a las pretensiones del Ministerio para la Transición Ecológica con argumentos muy similares a los expuestos por Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León; en concreto: “por no corresponder con la situación real y la evolución de las poblaciones y por generar un grave problema en la gestión de la ganadería extensiva muy amenazada por el fuerte incremento del lobo”.

Los servicios jurídicos de estas cuatro autonomías analizarán tanto el acuerdo adoptado hoy como las circunstancias en las que se ha producido, además de promover todos los recursos que estén a su alcance para impedir que se consolide una decisión que, a su juicio, carece de fundamentos técnicos y científicos.

Si la inclusión del lobo en el Lespre se lleva a término, «podría vulnerar las competencias autonómicas exclusivas en materia de gestión de especies y, más concretamente, de gestión cinegética, cuando la normativa comunitaria permite que las poblaciones localizadas al norte del Duero se puedan gestionar directamente con normas cinegéticas, o contemplando esa posibilidad en el correspondiente plan de gestión. Además, esta medida implicaría un gravísimo problema para la gestión de la propia especie y su imprescindible compatibilidad con la ganadería extensiva, una actividad económica clave para los territorios rurales, para generar alimentos de calidad y para luchar contra el despoblamiento».

Los consejeros de las cuatro comunidades han expresado su «profundo malestar» con la actitud de la ministra Ribera y del secretario de Estado, que no han respondido a su solicitud para celebrar reuniones al más alto nivel y tratar este asunto. En este sentido, subrayan la debilidad de esta decisión, alcanzada por una mayoría muy ajustada y nada representativa en cuanto a la presencia del lobo en las diferentes comunidades.

La postura que hoy ha defendido el ministerio va en contra de la propia Estrategia de Gestión y Conservación del Lobo Ibérico aprobada con el consenso de todas las comunidades, en un tiempo en que la especie era menos abundante que ahora y, aun así, su conservación se consideraba compatible con su consideración como cinegética. Ante este hecho, «los representantes de las cuatro comunidades reclaman al ministerio que abandone la política de imposición de una iniciativa que dañará gravemente los intereses generales del medio rural y de sus habitantes».