El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy el reparto del Fondo de Cooperación Municipal (FCM) para este año, que volverá a contar con un importe de 6.180.000 euros de los cuáles, 1,247.487,16 euros se destinarán a la comarca noroccidental. El FCM se distribuye entre los 73 concejos asturianos con menos de 40.000 habitantes.
Este es el tercer año, desde que en 2016 entró en vigor la nueva ley que regula el fondo, que los concejos pueden destinar la partida que reciben al fin que deseen, ya sea inversión o gasto corriente. El fondo se distribuye a partir de una cantidad fija, que supone el 40% del total – 2.472.000 euros – y que se entrega a partes iguales a los 73 municipios. Cada uno de ellos recibe 33.863 euros. El resto se reparte atendiendo una serie de variables socioeconómicas y geográficas:
Población: bajo esta premisa se reparte el 30% del fondo, lo que supone 1.854.000 euros. Aquí se tiene especial atención con los concejos menores de 2.500 habitantes. La asignación no puede sobrepasar el 25% de la partida fija.
Envejecimiento: en este caso y sobre la base de esta variable se asigna un 5% del fondo (309.000 euros), y se utiliza el índice de envejecimiento que elabora Sadei.
Superficie: con esta premisa se reparte un 3% (185.400 euros), y se hace de manera proporcional a la superficie de cada concejo beneficiario.
Orografía: de esta variable depende otro 3%. Se calcula utilizando, también de forma proporcional, los kilómetros cuadrados de cada municipio cuya pendiente sea superior al 20%.
Dispersión territorial: en lo que se refiere al 19% restante (1.174.200 euros), se utiliza un reparto proporcional teniendo en cuenta la dispersión de la población, para lo que se toma como referencia el número de núcleos que tengan, al menos, cinco habitantes.
Además, el gobierno reforzará su política ambiental con dos iniciativas: un decreto de Protección y Control y un nuevo Plan de Inspección Ambiental 2018-2020. Son doscientas las inspecciones programadas para 2018, un 43% más que el ejercicio pasado.
El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, informó sobre los principales aspectos del decreto y del plan de inspección.
- El decreto de Protección y Control Ambiental saldrá publicado este sábado en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) para ser sometido a información pública. Su ámbito de aplicación comprende desde los grandes complejos industriales hasta los pequeños talleres y concreta las obligaciones de las empresas en materia de control ambiental, con especial atención a la eficacia en la respuesta ante condiciones anómalas de funcionamiento que puedan dar lugar a incidentes ambientales.
El decreto también habilita a la Administración para desarrollar instrucciones técnicas y modelos que permitan unificar y aumentar la calidad de los numerosos informes que deben presentar las empresas. Aparte, crea la figura del Organismo de Control Ambiental.
- El Plan de Inspección Ambiental 2018-2020, que hoy publica el Bopa, sustituirá al vigente desde 2014 hasta 2017. La legislación obliga a contar con un plan autonómico, pero sólo para las grandes instalaciones industriales que operan bajo una autorización ambiental integrada (unas 80). Sin embargo, el Principado aprobará uno que cubrirá todas las actividades que cuenten con instalaciones potencialmente contaminantes.
Cada año se aprobará un programa que concretará tanto el número de inspecciones ambientales como los criterios de selección de instalaciones, bien en función de una evaluación de riesgos específica o bien en el marco de campañas con objetivos concretos.
Hay inspecciones programadas e inspecciones no programadas, debidas principalmente a denuncias e incidentes medioambientales. Para 2018 están previstas 200 inspecciones programadas frente a las 140 realizadas el año pasado, lo que supone un incremento del 42,8%. Además, y por la experiencia de ejercicios anteriores, se calcula que se llevarán a cabo otras 400 no programadas.
Medio Ambiente tramitó el año pasado 1.025 expedientes de control ambiental, lo que supone un crecimiento de un 34% respecto a 2016. Los residuos fueron la principal causa de apertura de expediente (un 46%), seguidas de las afecciones a la atmósfera (37%). Gijón, Oviedo y Avilés, los tres mayores concejos, aglutinan el 40% de las actuaciones de control.
El control ambiental de determinadas actividades es una de las prioridades de la acción del Gobierno. El fin es mejorar la protección ambiental y, con ella, la salud de las personas. A estas iniciativas hay que sumar la revisión de los planes de calidad del aire de Gijón y Avilés. Próximamente también será aprobado el Protocolo para Situaciones Anómalas, previsto para aquellos casos en los que la estabilidad atmosférica impida la dispersión de partículas y se den casos de polución.
Además, se aprobó destinar 600.000 euros en ayudas a cooperativas y sociedades laborales para favorecer la incorporación de socios.
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