El Gobierno de Asturias firmará este mes los primeros convenios con diversos ayuntamientos con el fin de que los técnicos municipales comiencen a valorar a las personas que solicitan el estudio de su grado de dependencia. Tras los trámites administrativos, los profesionales locales recibirán una formación específica para habilitarse como valoradores y comenzará a tramitar expedientes en mayo. Los primeros municipios en adherirse a este convenio son: Grandas de Salime, Pesoz, Illano, Boal, Coaña, Villayón, Cangas del Narcea, Castropol y Caso.
Otra medida de refuerzo que ya está en marcha es la creación de un equipo itinerante de profesionales que se desplazará al área l (con cabecera en Jarrio) para dar apoyo a los equipos locales.
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, mantiene el compromiso adquirido con la sociedad asturiana al asumir el cargo en septiembre, cuando aseguró que terminaría en un año con las listas de espera y todos los expedientes se resolverían en plazo.
Medidas para agilizar la gestión
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha destacado las medidas que está llevando a cabo su departamento para agilizar la gestión en materia de atención a las personas dependientes y ha mostrado su disconformidad con el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, coordinado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, donde Asturias obtiene un resultado de 1,1 puntos sobre 10.
“Los criterios de valoración de este entidad privada premian a las comunidades con más personas dependientes, cuando lo que queremos evitar precisamente es que se llegue a esa situación. Tampoco valora la calidad de las prestaciones y en general podemos decir que mide la aplicación de la dependencia al peso, es decir, cuantitativamente, no cualitativamente”, ha señalado Álvarez.
“Sabemos que aun cuando resolvamos las tramitaciones en plazo, seguiremos suspendiendo, incluso teniendo atendidas a todas las personas que lo solicitan, porque esta situación ya sucedió en diciembre de 2014”, ha añadido la consejera, que ha insistido: “nuestro el objetivo no es aprobar el examen del Observatorio sino dar respuesta a las necesidades de la comunidad asturiana y no dejar a nadie atrás”.