El Gobierno de Asturias ha aplicado ya las últimas medidas recogidas en el plan de choque de Dependencia, diseñado por la Consejería de Derechos Sociales hace ahora un año para agilizar la tramitación de esta prestación. La consejera Melania Álvarez ha informado hoy al Consejo de Gobierno de estas medidas y confirmado que, en agosto, la consejería ha conseguido reducir la lista de espera en 498 expedientes, que se corresponden con 222 valoraciones y 276 programas individualizados de atención (PIA).
La media de solicitantes pendientes de prestación, a 31 de agosto, era de 13,73%, casi cuatro puntos por debajo de la nacional (17,42%). En cuanto al número de personas dependientes atendidas, aumentó en agosto en 376, lo que ha supuesto que por primera vez en Asturias se superen las 23.000.
Este plan de choque, cuya duración es de dos años desde su entrada en vigor, incluye varias actuaciones que se han ido adoptando de forma progresiva. Una vez aplicadas todas las actuaciones organizativas y de refuerzo de medios personales y materiales, se pondrá en marcha el proceso de transformación del Sistema de Dependencia en Asturias. Para ello, la consejería ha iniciado la tramitación de dos decretos para unificar la normativa en materia de dependencia con el objetivo de simplificar y modificar el reconocimiento y agilizar la tramitación de las solicitudes.
También se fomentará la atención domiciliaria por medio de dos prestaciones clave: el asistente personal y la promoción de la autonomía personal. Además, los decretos permitirán dotar de una mayor equidad el coste de los servicios por parte de las personas beneficiarias y materializará el cambio del modelo de atención.
Representación institucional
El Ejecutivo ha aprobado el cese y nombramiento de varios representantes del Principado en el consejo de administración de la sociedad mercantil Sedes S.A. Cesan en su cargo, Juan Jose Adolfo Fernández Pereiro, Juan Ramón García Secades y Fermín Bravo Lastra. Los nuevos representantes serán María del Mar Salgado, directora general de Finanzas y Economía, Fermín Bravo Lastra, director general de Vivienda, y María Montes, gerente de Vipasa.