El Gobierno de Asturias destinó en el último año 4,4 millones a más de 12.000 familias con menores a cargo

El Gobierno de Asturias destinó en el último año algo más de 4,4 millones a ayudas directas para  apoyar a más de 12.000 hogares con menores. Concretamente, se dedicaron 1,4 millones a políticas de acogimiento, tanto en familia ajena como extensa; 2,2 millones a la lucha contra la pobreza infantil, que llegaron a más de 3.000 familias, y 858.000 euros para garantizar la alimentación de niños y niñas de 9.000 hogares durante el estado de alarma decretado entre marzo y junio.

 

Actualmente, más de 4.000 menores reciben atención en Asturias dentro de alguno de los programas de prevención y apoyo que impulsa la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y que están diseñados para “dar siempre respuestas adaptadas a cada situación y dar prioridad al bienestar de cada menor”, según ha explicado el director del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias, Carlos Becedóniz, en el día que se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

 

La partida destinada a hogares de acogida –unos 250 en Asturias- se ha ampliado  este año hasta 1,4 millones con el fin de financiar los gastos derivados de la manutención, asistencia sanitaria y otras necesidades de los menores y fomentar así el acogimiento.  “Nuestro objetivo es lograr que niños y niñas crezcan y se desarrollen en el calor de un hogar”, ha asegurado  Becedóniz. Actualmente, 337 menores están acogidos con familiares, 40 en familias con las que no tienen parentesco y 317 en acogimiento residencial; es decir, en centros de protección.

 

En 2020, el Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias ha dado respuesta a 467 notificaciones que alertaban sobre posibles casos de desprotección infantil. La cifra es ligeramente inferior a la registrada el año pasado, cuando se notificaron 614 casos de este tipo.

 

Este año, Derechos Sociales también ha destinado 858.000 euros para garantizar el derecho básico de alimentación a menores en situación de vulnerabilidad afectados por el cierre de los centros educativos durante el estado de alarma decretado entre marzo y junio.