La delegada del Gobierno en Asturias, Delia
Losa, ha presidido esta mañana una nueva reunión del CECOR, el Centro de
Coordinación Operativa. Es el órgano constituido al inicio del estado de alarma en
el que se organizan las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado para dar cumplimiento a las medidas sanitarias que adopta el Gobierno del
Principado para frenar la pandemia de COVID-19.
En ese sentido, la Delegada del Gobierno ha abordado con la Policía Nacional, la
Guardia Civil y la FACC -en representación de las Policías Locales- las nuevas
restricciones aprobadas por el Gobierno del Principado, como el cierre perimetral a
partir de la medianoche de hoy de los concejos de Langreo, Laviana y San Martín
del Rey Aurelio. Tal y como se realiza en los cierres vigentes de Oviedo, Gijón y
Avilés, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se coordinan para controlar el
cumplimiento de la norma. Durante el fin de semana se reforzará la vigilancia de las
entradas y salidas de los municipios.
En la reunión, Delia Losa ha agradecido a la Policía Nacional, Guardia Civil y
Policías Locales «el intenso esfuerzo que están realizando desde el mes de marzo
por aplicar las medidas adoptadas por la pandemia y compatibilizarlo con la
atención al resto de sus competencias». La Delegada del Gobierno ha recordado
que «estamos en un momento clave para frenar la mayor crisis sanitaria de la
historia reciente”, y considera que para contener el avance del COVID-19 hay “tres
factores imprescindibles, la responsabilidad social de cada persona, las medidas
sanitarias que se ponen en marcha y las actuaciones y protocolos que se
establecen para aplicar y respetar las normas”.
Derecho de reunión
En la reunión del CECOR la Delegada del Gobierno ha trasladado a los
representantes de los Ayuntamientos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado la importancia de recordar a la población el procedimiento a la hora de
convocar una concentración. Según el Derecho de Reunión, cuando algún colectivo
tenga previsto convocar una concentración pública de más de veinte personas,
debe comunicárselo a la Delegación del Gobierno con un plazo de diez días de
antelación o de 24 horas en el caso de ser una convocatoria urgente. Es necesario
que la autoridad cuente con un margen suficiente de tiempo para estudiar la
aplicación de las medidas sanitarias necesarias en el contexto del vigente estado
de alarma.