El Congreso ha dado, con su aprobación en el Pleno, el primer paso para que la
nueva ley orgánica de educación que ha de sustituir a la LOMCE sea una realidad en los
próximos meses. Aún falta su paso por el Senado y, la eventual vuelta al Congreso para
su aprobación definitiva, en caso de que la cámara alta introduzca alguna modificación
en el texto que aprueba hoy el Congreso de los diputados.
La primera reflexión ha de ser sobre la controversia política que está levantando este
proyecto de ley. La ofensiva que están protagonizando las derechas y las patronales de
la enseñanza privada concertada, con el apoyo de otras organizaciones representativas
de esta enseñanza subvencionada con dinero público y en la que están utilizando a
menores en sus protestas, es un tema político. No responde, pues, a planteamientos
educativos ni pedagógicos. Responde a la defensa de unos privilegios que se han dado
en España, que se han incrementado con la aprobación de la LOMCE en diciembre de
2013 y que no se dan en el resto de países europeos, salvo alguna rara excepción.
Los cambios que introduce la LOMLOE sobre inmersión lingüística, el papel de la
enseñanza privada concertada o la eliminación de las reválidas y la reducción de las
veces que el alumnado puede repetir a lo largo de su escolaridad obligatoria son para
adecuarse a la realidad de lo que ya sucede en nuestros centros educativos con buen
resultado -la cooficialidad de las lenguas propias-, o para acercarse a lo que es norma
general en nuestros vecinos europeos que ni subvencionan la enseñanza privada, ni
establecen carreras de obstáculos al alumnado, si no que tratan de integrarlo poniendo
los medios humanos y materiales para ello.
Desde la Confederación de STEs-i celebramos sin duda la eliminación de los aspectos
más lesivos de la LOMCE: segregación del alumnado, eliminación de competencias a
claustros y consejos escolares, calificación de la materia de Religión, reválidas.
Igualmente se avanza en las nuevas medidas de admisión del alumnado en cuanto a la
distribución equilibrada del alumnado entre la pública y la concertada, se elimina la
posibilidad de establecer perfiles de profesorado. Celebramos que la coeducación, la
inclusión e incluso la crisis climática sean aspectos centrales de la exposición de motivos.
La mayor autonomía de los centros educativos, la oferta pública para el ciclo 0-3 años,
las prohibiciones de donar suelo público para la construcción de centros privados y de
subvencionar colegios que segregan por razón de sexo, son todas ellas medidas
necesarias.
Sin embargo, hay otros aspectos y algunas carencias que suponen estar lejos de la
transformación profunda que nuestro sistema educativo necesita:
La Religión Católica debe quedar fuera del currículo escolar. No es suficiente que
no cuente para la nota media, que luego repercute en temas como la EBAU o la
concesión de becas. La laicidad debe ser una de las bases del sistema educativo
en un estado aconfesional, como establece la Constitución Española que es el
Estado Español.
Hay que profundizar en la gestión democrática de los centros. La LOMLOE,
apenas mejora la cuestión. Por ejemplo, la elección de las direcciones sigue
dependiendo en gran medida de la administración.
Se echa de menos una reducción de ratio, imprescindible para una mejora de la
calidad de la enseñanza.
Se debe reconocer la labor del profesorado, mejorando sus condiciones laborales
y esta ley no lo hace. El horario lectivo del profesorado en España es,
sensiblemente, superior al del resto de países europeos, por ejemplo. Además,
deja al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional como un cuerpo
a extinguir, sin aportar soluciones para quien no pueda acceder al Cuerpo de
Secundaria.
No establece una forma racional de Acceso a la Función Pública Docente. El
actual sistema que regula el acceso a la docencia está desfasado. Es un modelo
memorístico, muy alejado de las necesidades de la sociedad actual. Al mismo
tiempo, ha de solucionarse la problemática de 170.000 personas interinas, casi
un tercio de la totalidad del profesorado del sistema educativo público no
universitario. Hay que dar estabilidad a este profesorado, y esta ley tampoco lo
establece.
Ha de asegurarse una financiación del sistema público de enseñanza que la
LOMLOE no contempla.
La eliminación de la asignatura de Ética en la Enseñanza Secundaria Obligatoria
es inaceptable.
La posibilidad de que el personal docente pueda ser separado de la docencia
directa al alumnado por la Inspección, otorga a ésta un poder desmesurado,
mientras contribuye a denigrar la labor docente.
19 de noviembre de 2020
Secretariado Confederal de STEs-i