El Gobierno de Asturias dedica 18,5 millones a combatir el desempleo e impulsar la inserción laboral de colectivos con dificultades

El Gobierno de Asturias ha acordado hoy dedicar 18.536.822 euros a dos iniciativas para impulsar la inserción laboral de colectivos con dificultades y combatir el desempleo en la comunidad. Así, se destinarán 15.415.540 euros para financiar la concesión de subvenciones a la inserción laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. De esta cantidad, 14,137 millones se destinan a centros especiales configurados como empresas y el resto, a entidades sin ánimo de lucro.

Enrique Fernández, el consejero de Industria y Empleo, también ha explicado que una subvención de 3.121.282 euros permitirá ejecutar programas de acompañamiento para el empleo en el período 2021-2022 a las siguientes entidades: Acción Laboral, Fundación de las Comarcas Mineras (Fucomi), Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral y Fundación por la Acción Social Mar de Niebla.

El gobierno colabora en la financiación de los 110 centros especiales de empleo que funcionan en Asturias para subvencionar hasta el 50% de los costes salariales de la plantilla. Además, el Servicio Público de Empleo refuerza esta iniciativa con un presupuesto adicional de 600.000 euros para facilitar formación y empleo a personas en situación de gran discapacidad, para lo que se incrementa un 10% la ayuda para la cobertura de las retribuciones salariales.

El gasto aprobado permitirá mantener y proteger el empleo de las más de 3.000 personas con discapacidad que trabajan en estos centros y que afrontan especiales dificultades de inserción laboral. Estas ayudas públicas, por tanto, suponen un compromiso en favor de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social.

El Consejo de Gobierno ha aprobado también el nombramiento de Vanesa Mateo Pérez como directora general del Agua. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de A Coruña y graduada en Derecho por la UNED, trabaja desde 2018 en el Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte en la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial y desde 2017 como profesora asociada en el Área de Proyectos de Ingeniería de la Universidad de Oviedo. Además, posee la certificación de Project Management Professional (PMP), acreditada por el Project Management Institute (PMI).

La creación de esta nueva dirección general es consecuencia de la supresión de la Junta de Saneamiento. De este modo, tanto las competencias como el personal del extinto organismo pasan a depender de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático. El nuevo departamento asume la coordinación de las políticas de agua, la planificación hidráulica y la ejecución, mantenimiento y ordenación de infraestructuras de interés regional relativas al ciclo integral del agua.

También se ha aprobado destinar 1.095.548 euros para suscribir 17 convenios de colaboración con ayuntamientos y mancomunidades- entre otros, Valdés y Vegadeo- para el mantenimiento y gestión de la red de centros asesores de la mujer.

Por otro lado, el Ejecutivo ha aprobado una partida de 413.520 euros para la convocatoria de subvenciones a asociaciones de mujeres y otras entidades destinado a la ejecución, durante este año, de programas de formación internos y de atención directa a mujeres de colectivos vulnerables. Esta línea cuenta con financiación propia del Principado y con fondos aportados por el Ministerio de Igualdad.

El Consejo de Gobierno también ha autorizado un gasto de más de 1,7 millones para inversiones sanitarias. Y ha dado luz verde a la firma de un contrato, con un presupuesto de 387.200 euros, para la adquisición de cuatro equipos portátiles digitales de rayos X destinados a las áreas sanitarias I (Jarrio), II (Cangas del Narcea), III (Avilés) y VI (Arriondas).

El Ejecutivo ha dado luz verde a una inversión de 723.080 euros para acometer las obras de contención del talud ubicado sobre la depuradora de aguas residuales del Cudillero, del que se desprenden piedras que afectan a la seguridad. Los trabajos, que ya se han iniciado con carácter de emergencia, tienen un plazo estimado de cuatro meses.

La actuación se centra actualmente en la apertura de accesos y la colocación de líneas de vida, fundamentales para proceder con seguridad. Posteriormente, se realizará el saneamiento manual, desbroce y tala en zonas afectadas por desprendimientos. También se dispondrán barreras dinámicas resistentes de alta capacidad y malla.

La instalación hidráulica recibe los vertidos de Cudillero, Aronces, El Pito, Villademar y la parroquia de Piñera. Una vez depuradas, las aguas se vierten al mar a través de un emisario submarino de más de 600 metros.

El Gobierno de Asturias ha aprobado dos decretos para impulsar la participación ciudadana y ahondar en la transparencia en las políticas públicas. Se trata de las siguientes normas:

–   Decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento del Consejo de la Agenda 2030 del Principado. Este órgano colegiado de consulta y participación permitirá a la Administración coordinar esfuerzos colectivos y dar voz a la sociedad civil, el municipalismo y la Universidad para coordinar la ejecución de las iniciativas vinculadas a la Agenda 2030. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU constituyen la agenda internacional más ambiciosa de la historia y representan el compromiso de países de todo el mundo para lograr un planeta más sostenible y una sociedad más fuerte y cohesionada.

–   Decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento del Foro de Gobierno Abierto del Principado. Este foro se constituye como herramienta de mejora constante de la Administración, de diálogo con la sociedad civil y de difusión de los principios del gobierno abierto. Entre sus objetivos figuran los de impulsar la colaboración, la transparencia, la participación, la rendición de cuentas y la innovación tecnológica, procurando que las acciones que se realicen en estos ámbitos respondan a las necesidades de la ciudadanía.

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto y la contratación del servicio de explotación y mantenimiento de la red de estaciones de control de la calidad del aire, por un importe de 695.288 euros, distribuidos en tres años: 86.357 este ejercicio, 346.536 en 2022 y 262.394 en 2023.

Melania Álvarez es la consejera portavoz.

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