El Gobierno concederá este año cinco Medallas de Asturias

El Gobierno de Asturias concederá este año cinco Medallas de Asturias que premian la labor solidaria, la excelencia, la iniciativa rural y la defensa de los intereses del Principado. En concreto, recibirán la distinción tres personas y dos instituciones: la Fundación Banco de Alimentos de Asturias, la Comunidad de Monjas del Monasterio de San Pelayo (Oviedo), el embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez; el jugador de balonmano Raúl Entrerríos y la quesera artesanal Isaura Souza.

El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy un gasto de 1.006.612 euros para renovar los sistemas, equipos y software de comunicaciones del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y del Hospital Álvarez Buylla (HVCAB). Ambos equipamientos cuentan con una red LAN-WLAN que dota de conectividad a los equipos que deben comunicarse con los sistemas de información del Servicio de Salud del Principado (Sespa), tanto a través de red inalámbrica como de red cableada. Este sistema entró en funcionamiento en 2014, con la puesta en marcha de los dos hospitales, por lo que ahora se sustituirán sus elementos centrales con el fin de evitar su obsolescencia, ante el próximo final de su vida útil.

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto plurianual de 2.760.000 euros para financiar acciones de orientación profesional para el empleo y la asistencia al autoempleo en el período 2022-2024. Los fondos se distribuirán entre las tres anualidades, del siguiente modo: 974.000 euros este año, 1.339.500 en 2023 y 446.500 en 2024. Mediante estas acciones, entidades sin ánimo de lucro colaboradoras del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) prestan atención integral y especializada a personas desempleadas y a quienes tengan interés en el autoempleo como opción de inserción en el mercado de trabajo.

El Ejecutivo ha aprobado la modificación del reglamento general de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de salario social básico (SSB), para adaptarlo a la entrada en vigor de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital (IMV). Esta modificación supone el fin del período de adaptación entre el salario social y el ingreso mínimo y garantiza la subsidiariedad de la renta asturiana a la estatal. Además, permite agilizar trámites, al generalizar el uso de la declaración responsable, al tiempo que incorpora medidas incentivadoras del empleo para las personas beneficiarias de la prestación autonómica, especialmente para jóvenes que participan en el programa Ocúpate. También adapta las iniciativas de incorporación social con el fin de procurar que el uso de las nuevas tecnologías no suponga un motivo de exclusión en el acceso a las prestaciones o derechos.

Por otro lado, y con el propósito de adaptar la norma a las nuevas realidades, se amplía el concepto de residencia colectiva y se introduce una nueva exención del cómputo de recursos para aquellas personas que tengan un préstamo hipotecario asociado a la adquisición de su vivienda habitual. De este modo, el Principado se anticipa a la entrada en vigor de la Ley 3/2021, de 30 de junio, de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.

El número de personas que perciben el salario social básico en Asturias sigue descendiendo: son 16.414 en la actualidad, un 25% menos que antes de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital.

 El Ejecutivo ha autorizado la celebración de sendos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Aller, Avilés, Cangas del Narcea, Corvera, Gijón, Langreo, Laviana, Llanera, Llanes, Mieres, Oviedo, Piloña, Siero, Teverga, Valdés y Vegadeo y las mancomunidades de la Comarca de la Sidra y de las Cinco Villas para la gestión de los centros asesores de la mujer (CAM) durante este año. En suma, el Principado aportará 1.250.063 euros en subvenciones a las entidades locales para este fin.

Estos centros, promovidos por el Gobierno de Asturias y gestionados por ayuntamientos y mancomunidades, prestan asesoramiento jurídico gratuito a las mujeres en todos los ámbitos del Derecho. Además, colaboran en el diseño y coordinación de las políticas de igualdad de oportunidades en todo el territorio.

Los CAM también ofrecen servicios de manera específica a las víctimas de violencia de género: actúan como responsables del caso y asumen el seguimiento de las medidas de apoyo, acogida y recuperación integral de las mujeres, para lo que se coordinan con el resto de organismos implicados en la asistencia: turno de oficio de violencia de género, Servicio Público de Empleo (Sepepa), Servicio de Salud (Sespa), los servicios sociales y la red regional de casas de acogida.

 

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