El Gobierno de Asturias pondrá en marcha un comité de expertos que se encargará de preparar la vuelta progresiva a la normalidad tras el confinamiento. El vicepresidente, Juan Cofiño, ha informado hoy al Consejo de Gobierno de la inmediata creación de este grupo de trabajo, que tendrá como propósito compatibilizar la seguridad sanitaria con la recuperación paulatina de la actividad económica en todos los sectores.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ya anunció el sábado la formación de este grupo. De este modo, en Asturias habrá dos comités: uno, de índole estrictamente técnica y sanitaria, liderado por el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz; y otro, con un ámbito más amplio de actuación, formado por expertos independientes y que tendrá en cuenta las aportaciones que se le hagan llegar desde la propia Administración, que consultará con los diferentes sectores afectados. Ambos trabajarán de forma coordinada. De hecho, Rafael Cofiño, director general de Salud Pública, también participará en el grupo de expertos.
Juan Cofiño ha explicado sus planes para la constitución y funcionamiento del grupo. Por un lado, varias consejerías trasladarán sus respectivas propuestas de cara al proceso de desescalada. Previamente, los departamentos del Gobierno asturiano identificarán todas las acciones que tengan incidencia en la reducción paulatina del aislamiento, después de un proceso de solicitud de propuestas y diálogo con los diferentes sectores económicos y sociales de la comunidad autónoma. Los planteamientos elaborados por el Ejecutivo regional se contrastarán con las opiniones de quienes integrarán el grupo de expertos, que aportarán también sus puntos de vista, tanto con carácter general como sectorial.
De esa confrontación de criterios y propuestas resultará el plan de salida, una propuesta para la vuelta a la normalidad que tendrá en cuenta la situación de cada uno de los sectores más afectados, como el comercio, la hostelería o el turismo. El calendario será orientativo y dinámico, porque tendrá que ajustarse en función de la evolución de la pandemia. Finalmente, ese plan será elevado al Consejo de Gobierno y, una vez aprobado, remitido al Ejecutivo estatal.
El Gobierno de Asturias prevé disponer de esa hoja de ruta en la primera quincena de mayo. Tal y como se ha hecho en la gestión sanitaria de la crisis, el Principado trabaja con la intención de anticiparse a los acontecimientos para ofrecer la respuesta más ágil posible. No obstante, Juan Cofiño ha recordado que, si bien las comunidades autónomas tienen capacidad de propuesta, la decisión última corresponde al Gobierno de España, que ha asumido el mando único a partir de la declaración del estado de alarma. De momento, la vigencia del mismo se prolongará hasta el 10 de mayo.
Balance de las medidas socioeconómicas
El Consejo de Gobierno también ha analizado el balance provisional de dos de las diez medidas económicas puestas en marcha en las últimas semanas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en el tejido empresarial.
Respecto a la línea de liquidez para pymes y autónomos aprobada la semana pasada y dotada con 10 millones -2 de los cuales están dirigidos específicamente a trabajadores por cuenta propia-, en los primeros cuatro días se han recibido 90 solicitudes por un importe superior a los 3,3 millones. Esta iniciativa permite acceder a préstamos bancarios avalados por Asturgar para aliviar tensiones de tesorería y obtener liquidez para continuar con la actividad.
El Instituto de Desarrollo Económico (Idepa) subvencionará el 100% del coste de los avales con una aportación de 2,6 millones, para lo que hoy ha recibido la autorización del Consejo de Gobierno. Con esta actuación, el Ejecutivo consigue un importante efecto multiplicador del dinero público, dado que con un gasto de 2.600.000 euros, las empresas podrán acceder a una financiación de 10 millones en condiciones muy favorables.
En cuanto a las ayudas individuales de 400 euros para autónomos, hasta esta mañana se han recibido en la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica 14.000 solicitudes, por lo que se ha superado plenamente el objetivo inicial, que era llegar a 10.000 beneficiarios.
Tramitación de expedientes para agilizar la respuesta a la crisis
La Consejería de Presidencia ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de una decena de expedientes tramitados por el procedimiento de urgencia durante los primeros días de la declaración del estado de alarma por un importe que ronda los 126.000 euros. Estos contratos persiguen mejorar la seguridad de la plantilla y de las instalaciones del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), así como facilitar el trabajo telemático del personal de la Administración.
En concreto, cuatro de los expedientes se corresponden con la compra de ordenadores portátiles, licencias de Office, certificados electrónicos y equipos de videoconferencia, para facilitar el trabajo desde casa de los empleados públicos, con un coste de 101.298 euros.
Otros cuatro, por un importe de 24.358 euros, están relacionados con la adquisición de mamparas para la sala de coordinación del 112 Asturias, una lavadora para desinfectar la ropa de los profesionales del Servicio de Bomberos, y otros equipos de protección personal.
Los dos últimos expedientes implican gastos menores para mejorar las condiciones de limpieza del Centro de Responsabilidad Penal de Menores Casa Juvenil de Sograndio.
Más de medio millón para innovar y prevenir el fracaso educativo
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 544.244 euros destinado a financiar la convocatoria para la selección de proyectos pedagógicos de innovación educativa de centros docentes sostenidos con fondos públicos y la concesión de subvenciones en concurrencia competitiva para el curso 2020-2021. Estas actuaciones, cofinanciadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Fondo Social Europeo, se enmarcan en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020.
Los fondos se distribuyen en dos años: 380.971 euros corresponden a esta anualidad y 163.273, a la de 2021.
Estas iniciativas están orientadas a prevenir el fracaso escolar y, por ende, el abandono temprano, mediante el fomento de buenas prácticas educativas en los centros docentes. Para ello, se fomenta el uso de metodologías de enseñanza innovadoras, a través de proyectos diseñados por el profesorado sobre diferentes temas, de forma que se aumente la motivación del alumnado.
Para la selección, se valorará la calidad de los proyectos que incluyan líneas de igualdad y coeducación, acciones de equidad y metodologías activas, así como la apuesta por la sostenibilidad y las acciones STEAM (acrónico que corresponde a las iniciales en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). También se tomará en consideración la concreción de un plan de formación para aumentar la eficacia de los proyectos.
Mantener el calado del puerto de Candás
El Ejecutivo ha autorizado un gasto de 353.115 euros para contratar las obras de dragado del puerto de Candás, que consistirán en la extracción de 5.750 metros cúbicos de sedimentos del canal y la dársena. Además de mantener los calados, la actuación facilitará el amarre y la entrada y salida de embarcaciones en condiciones de seguridad.
El puerto de Candás es la base de las embarcaciones pertenecientes a la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Rosario.
Durante el estado de alarma motivado por la pandemia del coronavirus, la pesca profesional es una actividad clave en la cadena de abastecimiento del mercado. Por tanto, los trabajos de dragado del puerto se consideran indispensables para el correcto funcionamiento de este centro de suministro de pesca fresca, que constituye un bien de primera necesidad.
Convenio con el Estado en materia de estadística agraria y ganadera
El Principado, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, suscribirá un convenio con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de estadística agraria, ganadera y de pesca. Mediante este acuerdo, se recogerá información en explotaciones, establecimientos, empresas industriales y mercados, necesaria, entre otros fines, para cumplir con los reglamentos europeos.
La consejería se compromete a recopilar datos y entregar los resultados obtenidos al ministerio, que se encargará de su tratamiento, depuración, integración y difusión, así como de la financiación de estos trabajos, hasta un máximo de 15.966 euros.