Una treintena de organizaciones ambientalistas, conservacionistas y ecologistas asturianas, han remitido una carta a los 78 ayuntamietnos asturianos y a la Federación Asturiana de Concejos, en la que advierten de las implicaciones -sociales y ambientales- que conllevaría la aprobación de la Ley de Calidad Ambiental de Asturias que, por ahora, es un anteproyecto. Porque de salir adelante, señalan, el gobierno asturiano delegará en los ayuntamientos toda la responsabilidad, las cargas burocráticas y la labor inspectora y sancionadora en materia de incidencia ambiental de las actividades o instalaciones desarrolladas en su municipio. Señalan que ante la falta de medios o de personal especializado, es difícil que los ayuntamientos puedan afrontar estos trámites. O que puede darse la paradoja de que en un municipio se autoricen determinadas actividades o instalaciones y no se autoricen en el concejo limítrofe, o que las empresas o tipos de actividades se instalen en municipios que tengan mayor permisividad en la evaluación de los riesgos ambientales.
Sin embargo, la Federación Asturiana de Concejos (FACC) recuerda que ha tratado este asunto en las comisiones correspondientes y ha llegado a la conclusión de que los ayuntamientos no tendrán que asumir nuevas competencias; recuerda que el funcionariado tiene la obligación de realizar los cursos formativos pertinentes para estar al día en aquéllas materias de las que se deben ocupar; que la emisión de informes urbanísticos previos al inicio de un proyecto es algo que ya se hace en la actualidad. Y sí reivindica que, si la aplicación de la futura Ley genera más gastos a los ayuntamientos, éstos sean compensados o que se especifique con claridad qué actividades deben someterse a declaración responsable.