El director general de Consumo, Faustino Zapico, ha asegurado hoy que el Gobierno de Asturias tiene la “voluntad política” de avanzar hacia la regulación de las bebidas energéticas, al tiempo que se ha mostrado partidario de prohibir su venta a menores de 18 años, para situar estos productos “al mismo nivel que el alcohol y el tabaco”. Desde su punto de vista, existe “un abuso absoluto” en el consumo de bebidas energéticas entre preadolescentes, además de desinformación entre la ciudadanía sobre sus características y efectos.
Coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, el Principado inicia hoy una campaña informativa conjunta con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para frenar el greenwashing o lavado verde. Esta iniciativa pretende ofrecer claves para que la ciudadanía sepa detectar aquellas empresas y corporaciones que usan publicidad engañosa y obtienen una ventaja competitiva desleal bajo un aparente respeto por el medio ambiente. En Asturias, esta campaña nacional lleva por título Que nun t’engañen col ‘green’.
Zapico ha realizado estas declaraciones en la presentación de la memoria de actividades de 2023 de la dirección general, en la que ha intervenido con la jefa de servicio, Isabel Ardura, con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra hoy. Ambos han dado a conocer los datos globales del año pasado.
La Red de Centros de Formación para el Consumo, pionera en Europa y que este año celebra su 25 aniversario, recibió el año pasado 19.725 visitas, 5.479 más que en 2022. Esta cifra se aproxima al récord anterior a la pandemia, cuando 21.506 personas recibieron orientación sobre consumo responsable, consciente, sostenible y solidario en los centros de Blimea, Lugones, Ribadesella, Tineo y Vegadeo.
Además, el Servicio de Consumo tramitó en 2023 un total de 1.524 reclamaciones, la mayoría sobre comercio minorista (297), suministros de gas y electricidad (199), venta y reparación de vehículos (121) y telecomunicaciones (119). Estas denuncias dieron lugar a la incoación de 72 expedientes sancionadores, con un importe superior a los 108.000 euros.
La inspección verifica el cumplimiento de la normativa de protección de las personas consumidoras, tramita las denuncias y controla la seguridad de los productos. El número de actuaciones realizadas el año pasado asciende a 2.073.
El control de la seguridad de los productos se completa con la Red de Alerta, un sistema de intercambio rápido de información entre países de la Unión Europea para detectar y retirar del mercado los bienes inseguros. El Gobierno de Asturias desarrolló 24 campañas en este sentido el año pasado. En concreto, de productos alimenticios, industriales y servicios, entre los que se detectaron incumplimientos en materia de etiquetado. Además, la red recibió 3.289 notificaciones de productos inseguros, de los que un 73,47% procedía de países asiáticos. Por tipología, los juguetes, vehículos y accesorios, productos eléctricos, moda textil y complementos, tanto de infantiles como de adultos, fueron los que más alertas originaron.
La Dirección General de Consumo retiró del mercado 27.911 artículos inseguros en 2023, fundamentalmente juguetes. De ellos, 353 fueron devueltos, 15.212 destruidos y para 12.346 se solicitó el reetiquetado.