El Consejo de Gobierno acuerda medidas extraordinarias para apoyar cuanto antes al sector primario y a las personas más vulnerables

Esta tarde se ha celebrado una reunión del Consejo de Gobierno, con carácter extraordinario, en la que se ha decidido aplicar y solicitar medidas de urgencia para paliar las consecuencias del incremento de la energía y de la espiral inflacionista actual.

–  Apoyo a la ganadería, la agricultura, la pesca y el transporte: en el ámbito fiscal, el Consejo de Gobierno aprobará de inmediato un proyecto de ley que permita revisar temporalmente algunas de las tasas vinculadas a los sectores más afectados por la crisis: ganadería, agricultura, pesca y transporte por carretera. El texto será remitido a la Junta General para que pueda tramitarse con la mayor prontitud.

– Refuerzo del escudo social: otra de las prioridades del Principado es elevar la protección a las personas y colectivos más vulnerables. Con esta finalidad, se complementará en un 50% la cuantía que reciben actualmente las 27.716 personas beneficiarias del bono social térmico. El importe estimado de esta iniciativa asciende a 3.051.595 euros, que se sumarán a los 6.106.293 previstos para este fin. 

Estas ayudas, que se determinan según el grado de vulnerabilidad y la zona climática de residencia –se diferencian tres áreas: los concejos más cálidos, de la línea de costa; los más fríos, del interior; y los aún más fríos, de alta montaña-, oscilan entre 128,86 y 373,17 euros y se verán complementadas en una media de más de 100 euros. Como ejemplo, una persona en situación de vulnerabilidad severa que resida en zona de interior pasará de recibir 313,30 a 469,85 euros.

– Más ayudas para el sector primario y agroalimentario: el Ejecutivo ha procedido a la autorización efectiva de la campaña de la Política Agraria Común (PAC) 2022, que permitirá movilizar 96 millones como garantía financiera para que los bancos puedan adelantar el 90% de los pagos a agricultores y ganaderos. En concreto, ha aprobado una cuantía plurianual de más de 86 millones, cantidad a la que hay que sumar otros 10 autorizados previamente, que se corresponden con la renovación de compromisos de ejercicios anteriores. De la cuantía total aprobada ahora, 64 millones se destinarán a ayudas a las rentas, financiadas íntegramente por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga). Se trata de los pagos directos a la agricultura y la ganadería para el apoyo al mantenimiento de los ingresos, que se dedican tanto a subvenciones no vinculadas a la producción –pagos básico y verde y ayudas a la incorporación de jóvenes al sector- como a las vinculadas a la producción. Estas últimas benefician en su mayoría a explotaciones que mantengan vacas nodrizas, de vacuno de cebo, vacuno de leche, ovino y caprino.

El resto de los fondos se dedicará a las ayudas al desarrollo rural, que cuentan con cofinanciación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader). Estas partidas respaldan la actividad agraria sostenible de las medidas de agroambiente y clima, producción ecológica, pagos al amparo de la Red Natura 2000 y zonas de montaña y con limitaciones naturales. 

Al margen de las ayudas de la PAC, también se han acordado otras medidas. En este sentido, y en colaboración con las entidades bancarias, se facilitará financiación para el adelanto del 90% de las ayudas a la industria agroalimentaria y forestal y de aquellas ligadas al programa Leader. Además, para la campaña de siembra de forrajes se promoverá el anticipo de crédito de circulante a 12 meses para todos los gastos, incluidos carburantes y plásticos.

Asimismo, el Principado se compromete a elaborar y publicar en abril los índices de costes sectoriales para leche y carne como referencia para la formalización de contratos de obligado cumplimiento.

Propuestas de alcance nacional

Aparte, el Consejo de Gobierno extraordinario también ha acordado otras decisiones de alcance nacional y comunitario. Entre las más relevantes están las que siguen:

  • El Ejecutivo apoya rotundamente las gestiones del Gobierno de España, para conseguir que la Unión Europea (UE) ataje el encarecimiento de la energía. Para lograrlo existen diversas alternativas que debe considerar el Consejo de la UE en su reunión de mañana y pasado. Para el Principado, esta es la pieza clave para frenar el aumento de la inflación.
  • El Principado también respalda los esfuerzos del Gobierno de España para conseguir la desconvocatoria de los paros en el transporte. El Ejecutivo autonómico es partidario de que se actúe con rapidez y contundencia sobre los precios de los carburantes para apoyar a los sectores más perjudicados. Además, hace un llamamiento a la responsabilidad para que se eviten coacciones y acciones violentas y se asegure el suministro de bienes básicos con las medidas que sean precisas.
  • Defensa de un pacto nacional de rentas que equilibre los esfuerzos de empresarios y trabajadores, de manera que se garantice el reparto equitativo de las cargas asociadas a la crisis.
  • Apoyo a la posibilidad de recurrir de nuevo a la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), similares a los dispuestos durante la pandemia, para reducir el impacto de la crisis sobre el empleo; en especial, en los sectores más afectados.
  • Petición de que las compensaciones por CO2 alcancen el máximo legal previsto, planteamiento que el Gobierno de Asturias sostiene desde el inicio de la legislatura.
  • Puesta en servicio, cuanto antes, de la regasificadora de El Musel.
  • Definición y consolidación del futuro de Hunosa, que incluya la posibilidad de elevar su producción de energía renovable (geotermia) y el consumo de biogás en la térmica de La Pereda.
  • Aplicación urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar la venta a pérdidas y elevar la protección del sector primario y agroalimentario.
  • Habilitación de una prórroga en el plazo de reintegro de los préstamos ICO, que coincide con la máxima incidencia del incremento de precios.
  • Modificación de la Ley de Contratos para que se puedan revisar los precios en la contratación pública afectada por el aumento de los costes de las materias primas y evitar la paralización de obras.
  • Aportación adicional de fondos para que las comunidades autónomas puedan atender debidamente a las empresas y personas más vulnerables, incluidas las refugiadas.

Así lo han explicado la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, y el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo.

 

 

Comparte esta noticia