El consejo de gobierno celebrado hoy ha aprobado el decreto que modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo (ROTU), con el que se pretende simplificar, agilizar y facilitar la tramitación urbanística. El principal objetivo del reglamento es impulsar la actividad en el medio construido consolidado, tanto en ciudades como en poblaciones rurales, en lugar de enfocar el ordenamiento hacia la creación de nueva trama rural o urbana.
El documento también persigue flexibilizar la tramitación y dotar a las administraciones locales de herramientas seguras para intervenir en los cascos urbanos o en barrios vulnerables. En este sentido, el nuevo reglamento precisa la regulación del suelo urbano, incorpora las actuaciones de dotación pública, potencia el uso de los planes especiales de reforma interior (PERI), es más exigente con la viabilidad económica de las operaciones urbanísticas y regula los complejos inmobiliarios.
En cuanto al suelo no urbanizable, aclara los criterios de delimitación de los núcleos rurales y el régimen de usos y edificación de cada categoría. Además, se unifican los criterios de parcelación y agrupación, se amplía hasta los 500 metros cuadrados la capacidad edificatoria residencial en las parcelas grandes y se permite que los planeamientos municipales establezcan las distancias de los cierres de las fincas a los caminos.
El texto posibilita, asimismo, que el planeamiento municipal delimite, mediante motivación expresa, áreas o ámbitos en los que sea posible la implantación de vivienda unifamiliar no vinculada a la existencia de una explotación agraria, al tiempo que abre la posibilidad de construir nuevas naves ganaderas de forma excepcional.
El Principado profundiza con esta reforma en el cambio de modelo urbanístico y territorial iniciado con la Ley de Medias Urgentes, que continúa con este nuevo reglamento y culminará con la LOITA.
Senda litoral entre Colunga y Llastres
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la firma de un convenio de colaboración en virtud del cual el Principado recibirá del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una subvención de dos millones para construir una senda litoral que unirá Colunga y Llastres y acondicionar la playa del Astilleru. Estos fondos permitirán a la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial diseñar el proyecto y acometer las obras del camino litoral, denominado senda de Vistalegre, así como la mejora del arenal de Llastres, en un plazo máximo de cuatro años. Esta actuación contribuirá a consolidar toda la senda litoral asturiana, tal y como recoge el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (Pola).
Servicio de justicia gratuita
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto de 2,6 millones para abonar los servicios de asistencia jurídica gratuita correspondientes a los meses de julio a noviembre. Los fondos se distribuyen del siguiente modo: Colegio de Abogados de Oviedo: 1.794.000 euros; Colegio de la Abogacía de Gijón: 650.000 euros; Colegio de Procuradores de Oviedo: 104.000 euros; Colegio de Procuradores de Gijón: 52.000 euros.
Cátedra de Cambio Climático en la Universidad de Oviedo
El Ejecutivo ha autorizado la firma de un convenio entre el Principado, a través de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, y la Universidad de Oviedo, para la creación de una Cátedra de Cambio Climático. Este órgano se concibe como una herramienta al servicio de la investigación, la formación y la difusión de las causas del calentamiento global, las medidas para su mitigación y la adaptación a su impacto. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años.
Mejora de la eficiencia energética en Mieres
La Consejería de Presidencia y el Ayuntamiento de Mieres suscribirán un convenio para el desarrollo de la cuarta fase de las obras para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad en el polígono industrial de Vega de Arriba. Esta medida está recogida en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018 y cuenta con una financiación de 590.000 euros. El 25% de los fondos (147.500 euros) los aporta el Principado, mientras que el 75% restante (445.500 euros) corre a cargo del Instituto para la Transición Justa. El Ayuntamiento de Mieres se encargará de ejecutar las obras, que deberán finalizar antes de diciembre de 2023.
Lo han explicado la consejera portavoz, Melania Álvarez, y el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo.
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