El Gobierno de Asturias «lamenta que el Partido Popular (PP) haya intentado engañar a la ciudadanía al presentar un informe jurídico externo como el modelo de oficialidad defendido por el Principado», al tiempo que «deplora que el principal partido de la oposición confunda, ya sea deliberadamente o por ignorancia, el coste de la implantación de la oficialidad con su impacto económico».
El Ejecutivo registró telemáticamente ayer en la Junta General, a solicitud del PP, un trabajo titulado Estudio sobre el marco adecuado para la planificación y desarrollo de la normalización del uso de la lengua asturiana y el gallego-asturiano en el ámbito del Principado de Asturias. Ese estudio, coordinado por el profesor Miguel Ángel Presno Linera, fue encargado por la consejería de Cultura en 2020; es decir, antes de que se hubiera abierto la negociación para reformar el Estatuto. «La solicitud de informes externos es una práctica habitual en la Administración y, lógicamente, sus consideraciones y conclusiones no vinculan al Ejecutivo», recuerda la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán.
La consejera niega la voluntad de ocultar la existencia de este informe, que se encargó conforme a la normativa en vigor y «con total transparencia se publicó en el Perfil del Contratante, con lo cual cualquier persona interesada podía saber que se había encargado». Todos estos argumentos «descalifican el intento del PP para hacer pasar un trabajo externo como una suerte de hoja de ruta oculta del Gobierno de Asturias para la cooficialidad» puesto que se trata de «un informe jurídico elaborado por profesionales con conocimiento y prestigio, pero no es el proyecto del Principado». Respecto a la «confusión de coste e impacto económico exhibida por la presidenta del PP, Teresa Mallada, y por el diputado Álvaro Queipo señala el ejecutivo asturiano que «tampoco casa con la seriedad y la solvencia exigibles a la segunda fuerza política de Asturias» que, «de forma deliberada o por desconocimiento, utilizaron los dos conceptos como sinónimos, cuando el impacto económico incluye también la actividad y el empleo que generaría la implantación de la oficialidad». El informe «no considera un único modelo, sino tres distintos, cada uno con su coste y con su repercusión económica» y de hecho, precisa que la «simulación que más se aproxima a las previsiones del gobierno autónomo” –la expresión es de los autores- requeriría un incremento del gasto público de 7,1 millones».
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