El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy una partida de 910.000 euros destinada a la concesión de subvenciones a entidades locales para la ejecución de programas municipales contra las drogas y el desarrollo de acciones de protección de los derechos de consumidores y usuarios.
Los fondos, gestionados por la Consejería de Salud, se dividen en dos líneas: 800.000 euros para planes de prevención y promoción de hábitos saludables y 110.000 para difundir los derechos de los consumidores.
La partida autorizada facilita el mantenimiento de los programas que los ayuntamientos desarrollan en estos dos ámbitos.
El año pasado, 39 municipios y cuatro mancomunidades se beneficiaron de la convocatoria regional para los programas contra la drogadicción, que movilizó 770.860 euros en ayudas. La mayoría de estas iniciativas tiene carácter comunitario e implica al tejido social.
Estas actividades ayudan también a generar empleos directos, principalmente en organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro y empresas del tercer sector, además de puestos de trabajo en los ayuntamientos que gestionan estos planes.
Por otra parte, se impulsan las acciones municipales orientadas a la formación de la ciudadanía para que conozca sus derechos en relación con el consumo y los ejerza de manera crítica y responsable, lo que incluye, entre otras, actividades de asesoramiento e información, campañas de publicidad, edición de folletos o actuaciones de inspección en materia de control y seguridad de productos.
Apoyo a las víctimas de explotación sexual
El Consejo de Gobierno ha acordado conceder una subvención de 62.752 euros a la Fundación Solidaridad Amaranta para la atención residencial de emergencia a víctimas de explotación sexual y trata en el contexto del estado de alarma.
Estos fondos facilitarán la puesta en marcha de dos nuevos alojamientos en Gijón y la financiación de los gastos de personal, mantenimiento y gestión administrativa. La medida se complementa con acciones de apoyo socioeducativo y atención sociosanitaria y psicosocial a las víctimas por un período de ocho meses y medio, mientras se normaliza la situación social provocada por la pandemia de la COVID-19.
El confinamiento derivado de la emergencia sanitaria supone un riesgo adicional para las víctimas de trata y explotación sexual, ante la disminución de sus ingresos y la imposibilidad de mantenerse en los alojamientos habituales por falta de dinero. Por esta razón, el Principado considera necesario aumentar el número de plazas destinadas a este colectivo, un servicio que presta habitualmente la fundación Amaranta y que en estos momentos se encuentra al límite de su capacidad.
Cese de la interventora general
El Ejecutivo ha aprobado hoy el cese a petición propia de la interventora general, Ana Masa Timón. El Ejecutivo agradece los servicios prestados por Masa desde su nombramiento, el 13 de septiembre de 2019.