El Gobierno de Asturias ha probado este miércoles, el decreto de garantías en el acceso a la atención sanitaria, que fija dos plazos máximos: dos meses para las pruebas o procedimientos terapéuticos con mayor impacto en la salud de los pacientes y seis para varias intervenciones quirúrgicas.
En concreto, las colonoscopias, mamografías, ecografías, tomografías axiales computarizadas (tacs) y las resonancias magnéticas deberán efectuarse en un plazo tope de dos meses. Por su parte, las operaciones de cirugía cardiaca (valvular y coronaria) y cataratas, las histerectomías y la implantación de prótesis de cadera y rodilla tendrán que llevarse a cabo, como mucho, en 180 días.
En relación con las consultas de especialidades, se adoptarán las medidas organizativas oportunas para garantizar el acceso de los pacientes a una primera cita en un plazo de dos meses para otorrinolaringología, ginecología, urología, oftalmología, traumatología, dermatología, neurología, cirugía general, digestivo y cardiología. Para lograr este objetivo, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) dará prioridad a las primeras consultas, las que permiten clasificar la urgencia e importancia de la enfermedad; ofrecerá una respuesta en red desde el sistema público y planificará con seis meses de antelación las agendas desde el servicio de atención al ciudadano.
Por otro lado, «con el propósito de garantizar la calidad en la respuesta, la transparencia del procedimiento y los derechos de la ciudadanía», se creará un registro único de pacientes en espera y se expedirán certificados de inclusión en el mismo, sobre el que se informará a las personas interesadas de forma individualizada y confidencial.
Impulso al Instituto Nacional de Silicosis
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que modifica la estructura orgánica básica de los órganos de dirección y gestión del Servicio de Salud del Principado (Sespa) para crear la Comisión de Participación del Instituto Nacional de Silicosis como organismo de asesoramiento y apoyo.
La comisión se encargará de informar los planes económicos y el presupuesto de cada ejercicio, proponer orientaciones para mejorar la actividad médica y científico-técnica del instituto, recibir información de las denuncias y reclamaciones de usuarios y trabajadores, analizar las memorias anuales y las estadísticas e informar el proyecto anual de inversiones.
Oficinas para asesorar a la ciudadanía
El Ejecutivo ha acordado prorrogar el convenio marco con la Administración General del Estado para mantener la red de oficinas de atención ciudadana, que ofrece servicios comunes de información, orientación y tramitación de procedimientos administrativos.
Este convenio, al que se han incorporado 74 de los 78 ayuntamientos asturianos, ha permitido crear una de red que opera como ventanilla de acceso a los servicios públicos y ofrece la posibilidad de obtener información y realizar trámites ante cualquiera de las tres administraciones. Entre sus ventajas se encuentra el despliegue de la plataforma de registro virtual Orve, utilizada en 70 concejos y en las tres oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) ubicadas en Oviedo, Gijón y Avilés, gracias a la cual se ha impulsado la tramitación electrónica y la recepción y envío telemático de documentos entre registros de diferentes administraciones.
Desde la puesta en marcha de Orve, el Principado ha recibido cerca de 153.500 entradas y ha tramitado más de 87.000 procedimientos telemáticos, lo que ha supuesto un ahorro directo del 80% en los costes por envíos postales, que han pasado de 64.815 euros en 2015 a 5.050 en 2017. Este año ya se han superado en un 20% los trámites virtuales realizados durante todo el ejercicio pasado y se prevén unas 350.000 operaciones de registro telemático, un 13% más que en 2017.