La Consejería de Medio Rural y Política Agraria aprobará un decreto «que permitirá mantener las políticas de control de la población de lobos con seguridad jurídica», decisión adoptada por el departamento que encabeza Marcelino Marcos, después de haber analizado la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula la aplicación del plan de control 2022-2023.
El fallo fue conocido ayer aunque «en realidad, el Principado nunca llegó a ejecutar el plan recurrido, de modo que a ese efecto las consecuencias prácticas de la sentencia eran nulas», señala el gobierno. De hecho, «durante esos años no hubo extracción alguna». Cuestión distinta es evaluar la repercusión de la decisión judicial, toda vez que hace referencia a un período en el cual el lobo aún estaba incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
La sentencia afecta a un artículo concreto (el número 7, en su apartado 5.a) de un decreto del Principado de 2015, «que permitía determinar el número de capturas mediante cupos» que sería el procedimiento que, hasta el momento, seguía el Gobierno de Asturias». No obstante, «el propio fallo orienta sobre cómo salvar esta situación» cuando afirma que “las disposiciones que ahora se declaran nulas podrían ser nuevamente aprobadas conforme al nuevo régimen de protección aplicable a la especie silvestre tras dicha reforma”.
Este será «el camino que seguirá el Ejecutivo autonómico, con la aprobación de un decreto para autorizar de nuevo el artículo suspendido. En tanto se realiza este trámite, el Principado ha suspendido la aplicación del programa anual de actuaciones de control del lobo 2025-2026, que finaliza el 31 de marzo. Hasta ahora, se han abatido 31 ejemplares, a los que se suman 11 más muertos por otras causas, lo que suma un total de 42 cánidos, un 80% de los 53 previstos en el programa, cuando todavía resta mes y medio para su finalización».
Medio Rural convocará próximamente el Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo y se reunirá con las organizaciones agrarias para informarles de los cambios que permitirán ejecutar con seguridad jurídica los controles.
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