El Gobierno de Asturias ha recibido 1.017 solicitudes en el primer día de entrada en vigor de las ayudas al alquiler para personas afectadas económicamente por la COVID-19. Estas subvenciones, que se tramitan de forma telemática mediante un cuestionario que puede cumplimentarse a través del ordenador o un dispositivo móvil, podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre. Las ayudas se abonarán en un único pago de 500 euros al mes y durante un semestre. Asturias ha sido la primera comunidad en poner en marcha esta línea de apoyos, solo cuatro días después de que se publicase la orden ministerial que la ampara.
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, que esta mañana ha participado mediante videoconferencia en una reunión con el grupo de trabajo constituido en la Junta General para el seguimiento y evaluación del nuevo coronavirus, ha reiterado su compromiso con los colectivos más vulnerables. En referencia a estas ayudas al alquiler, ha destacado que “se ha demostrado otra vez que el sistema público funciona y responde ante situaciones complicadas”.
Otra de las medidas anunciadas por la consejera ha sido el refuerzo en la dotación de material para los equipos profesionales del servicio de ayuda a domicilio. Para hacer un cálculo preciso de las necesidades de este colectivo, se ha remitido un cuestionario a los ayuntamientos y, una vez que se obtengan los resultados, se dotará de refuerzos de material a los profesionales, para garantizar a máximo tanto su seguridad como la de las personas a las que atienden.
En respuesta a las necesidades de las personas mayores, uno de los colectivos más vulnerables ante la COVID-19, la consejería ha anunciado también que ya tiene avanzada una propuesta de protocolo de acompañamiento al fin de la vida.
En referencia al salario social básico, Melania Álvarez, ha adelantado que ya se está trabajando en un proyecto piloto para la eliminación de la brecha digital en colectivos vulnerables, en colaboración también con la Dirección General de Sector Público y Tecnologías de la Información. “El objetivo es facilitar los trámites con la Administración y, en particular, con el salario social básico, como antesala de la implantación de la tramitación electrónica”. En definitiva, agilizar este sistema de prestaciones y reducir al máximo las listas de espera.
La consejera, que participó en esta reunión junto a otros miembros de su equipo -el director general de Vivienda, Fermín Bravo; la directora gerente del ERA, Ana Suárez; la directora general de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social, Jimena Pascual, y la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez-, ha reiterado su compromiso de “no dejar a nadie atrás” y ha solicitado “altura de miras” para hacer frente a la pandemia.