El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, un proyecto de ley de financiación por un importe de 111,3 millones de euros para hacer frente a la prórroga presupuestaria tras la no aprobación de las cuentas para 2018. Los 111,3 millones provienen, por un lado, del mayor margen de endeudamiento de este año, por 98 millones, y por otro, de los recursos de los fondos Feader por el importe restante, 13,3 millones de euros. En lo que se refiere al destino, hay tres apartados diferenciados:
- 15 millones para hacer frente a las necesidades del salario social de este año.
- 44,9 millones para amortización de deuda, para evitar así que haya que hacer ajustes sobre la propia prórroga.
- 51,4 millones para una serie de inversiones y otras actuaciones.
En relación con inversiones y otras actuaciones, en el ámbito educativo, se reserva una partida de 2,48 millones para mejorar la financiación y ampliar la red de educación infantil de 0 a 3 años, con una rebaja del 50% en la cuota para las familias a partir del próximo curso. Se contemplan también 1,57 millones para hacer frente a los gastos derivados de las convocatorias de oposiciones y 1,62 millones para cumplir con los compromisos de financiación adquiridos con la Universidad.
En políticas de territorio, se reservan 17,5 millones para la financiación de actuaciones relacionadas con el mundo rural, donde destacan los 6.250.000 euros para la prevención de incendios y otros 500.000 euros para paliar los efectos de los incendios del año pasado. En lo que se refiere a cooperación local, se recupera el millón de euros que se incrementaba en el presupuesto de 2018 y que tiene como destino el programa de obras en pequeños concejos, con lo que la cuantía para este tipo de actuaciones será de 3,3 millones.
En lo que se refiere a inversiones para la renovación tecnológica, se destinan 5,45 millones, lo que supondrá que para 2018 se dispondrá de 16,6 millones para afrontar la Transformación Digital del Principado de Asturias 2017-2022, entre otras actuaciones.
En el capítulo de infraestructuras, la ley de financiación reserva 7,4 millones de euros para obras en carreteras, puertos y equipamientos hidráulicos. Otros 2,89 millones tienen como destino la mejora de centros sanitarios mientras que una partida de 1,39 millones irá para centros educativos, que se concentrarán principalmente en los institutos de La Corredoria, La Fresneda, La Florida y el IES Rey Pelayo de Cangas de Onís. Para actuaciones en sedes judiciales, el proyecto de ley reserva 600.000 euros.
En lo que se refiere al apartado de ayudas, la ley de financiación contempla, entre otras, 3 millones para fomentar las inversiones por parte de las empresas y 1,8 millones para impulsar la economía baja en carbono.
De lo 51,4 millones, hay una parte -27,6 millones- que está condicionada a la recepción de la parte de las entregas a cuenta del sistema de financiación que a día de hoy Asturias no ha recibido por un importe de 116 millones. El proyecto de ley de financiación establece un mecanismo por el que, si a 15 de septiembre el Principado no hubiese recibido una nueva comunicación de las entregas por encima de la notificada en enero, se procedería a adecuar el gasto correspondiente a 2018 de estos proyectos en el importe necesario para garantizar la cobertura de los gastos derivados la deuda.
El Gobierno de Asturias ha autorizado hoy un gasto de 1.918.560 euros para fomentar la creación de fondos de libros de texto en los centros educativos públicos. Esta cantidad permitirá financiar la convocatoria de subvenciones para el uso de los manuales por parte del alumnado, en régimen de préstamo, durante el próximo curso.
En total, la partida para las dos vías de apoyo establecidas para la adquisición de libros y material didáctico asciende a 2.399.560 euros, igual que en años anteriores, dado que al gasto aprobado esta mañana se sumarán otros 481.000 euros destinados a la concesión de subvenciones individuales a estudiantes de colegios concertados.
Este doble sistema de gestión se implantó en el curso 2015-2016 y permite, por una parte, la creación de fondos bibliográficos en centros públicos y, por otra, mantiene las ayudas individuales en los concertados. Esta diferencia responde a limitaciones legales, puesto que el régimen jurídico de la enseñanza privada no permite al Principado realizar un trasvase de fondos más allá de los previstos en el concierto educativo, a diferencia de lo que ocurre en la escuela pública.
La cantidad destinada a la compra de libros aumentó hace tres años un 20%, hasta situarse en casi 2,4 millones -la misma que se mantendrá para el próximo curso-, lo que ha permitido conceder en la última convocatoria ayudas de libros a 21.100 alumnos.
El sistema de ayudas directas a los colegios e institutos para crear bancos de libros comenzó en 2014 con aquellos que voluntariamente quisieron participar, aunque en la mayoría ya funcionaban fondos bibliográficos de estas características.
La medida posibilita que el alumnado de los centros públicos disponga de un préstamo de libros por valor de 105 euros en lugar de la paga en metálico que se abonaba anteriormente. Según las estimaciones de la Consejería de Educación y Cultura, este dinero permite adquirir unos tres volúmenes.
Debido al incremento de los fondos bibliográficos acumulados en los años de funcionamiento del programa, el número de beneficiarios finales es mucho mayor que la cifra inicial de ayudas concedidas.
109 millones para prestaciones sociales
El Consejo de Gobierno ha aprobado 109.100.000 euros para el abono, a partir de este mes, del salario social básico, al que se destinan 83,5 millones, y de las prestaciones económicas incluidas en el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SIAAD), dotadas con 25,6.
Los fondos autorizados para el salario social básico se suman a los 21,5 millones aprobados a finales de 2017 para los pagos de enero y febrero, de manera que se alcanzan ya los 105 millones previstos en los presupuestos prorrogados para este año. No obstante, esta cuantía no permitirá cubrir las necesidades de todo el ejercicio, por lo que habrá que aprobar nuevas partidas para garantizar los abonos a las 22.527 personas que actualmente perciben esta renta mínima.
El salario social constituye el principal instrumento del Ejecutivo autonómico para luchar contra la exclusión. Se trata de la ayuda que reciben familias que carecen de recursos para hacer frente a los gastos más básicos, bien porque se encuentran en situación de desempleo, porque no cobran prestaciones del Gobierno central o porque sus ingresos son muy bajos.
En cuanto a las prestaciones de la dependencia, actualmente llegan a 11.046 beneficiarios a través de dos vías: la ayuda para personas atendidas en sus domicilios por cuidadores no profesionales (8.597) y las destinadas a sufragar el coste de servicios privados residenciales, de centro de día, ayuda a domicilio o asistente personal (2.449). El Principado prevé que el importe aprobado hoy, junto con el gasto de los meses de enero y febrero, que asciende a 5,6 millones, sirva para cubrir el coste de todo el año, que rondará los 31.200.000 euros.
Nuevo convenio con las federaciones deportivas
El Ejecutivo ha aprobado la suscripción de un nuevo modelo de convenio entre el Principado, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y las federaciones deportivas autonómicas para impartir el bloque común de enseñanzas de régimen especial a monitores y entrenadores en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) del Deporte.
En virtud del acuerdo, Educación se compromete a asumir la organización, el proceso de admisión y la ejecución de las enseñanzas. Por su parte, las federaciones promotoras de la formación deberán realizar la convocatoria y publicitarla, además de asegurar que el alumnado que acceda a las enseñanzas cumpla todos los requisitos y condiciones establecidas.