La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, acudió este lunes a la inauguración de la feria Alimentaria, que se desarrolla en Barcelona. El Principado participa por primera vez en el evento, acompañando a 15 empresas de la región que han querido mostrar «unos productos únicos, singulares y con valor añadido», afirmó Álvarez.
Por otra parte, la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, y el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de Cantabria, Jesús Miguel Oria, han firmado este lunes un acuerdo para proponer conjuntamente al Gobierno central la supresión del límite actual de nuevas plantaciones para las pequeñas áreas de viñedo de ambas comunidades.
Mediante el acuerdo, suscrito en la feria Alimentaria de Barcelona, las dos autonomías pedirán al Ministerio de Agricultura que, para áreas de indicación geográfica protegida (IGP) o denominación de origen protegida (DOP) con superficies de viñedo inferiores a 200 hectáreas, establezca con carácter general una cifra máxima admisible de nueva plantación autorizable por debajo de la cual resulte de asignación automática y no se establezca, por tanto, criterio de prioridad.
Así, Asturias y Cantabria reclaman autorización ministerial para todas las solicitudes que reúnan unas condiciones específicas. Ambos gobiernos plantean autorizaciones automáticas en solicitudes muy pequeñas, de menos de 1,5 hectáreas. También defienden la autorización directa para superficies que no alcancen las 5 hectáreas en áreas con dificultades reconocidas, como zonas despobladas y desfavorecidas. Un tercer planteamiento para el que se solicita aprobación automática se refiere a las peticiones de menos de 5 hectáreas en áreas con condiciones físicas singulares, como las de viticultura heroica con zonas de montaña de pendientes superiores al 20% o con zonas intermedias con pendientes superiores al 15%, siempre que supongan una solicitud continua de pequeña dimensión.
Autorización previa
La normativa reguladora de la Unión Europea (UE) exige la obligación de autorización previa para las nuevas plantaciones, en el marco de las reglas de aplicación establecidas por cada país. En España, con una superficie vitícola próxima al millón de hectáreas, esta cuestión es determinante desde el punto de vista de la actividad económica. Sin embargo, Asturias y Cantabria estiman que esta realidad no debe ocultar la existencia de algunas DOP e IGP con muy poca repercusión económica en el conjunto y, sin embargo, de gran valor territorial.
Álvarez ha subrayado que, en la práctica, con la normativa actual, las superficies otorgadas a estas áreas son tan limitadas que la autorización actúa con efecto disuasorio, de forma que parte sustancial de lo solicitado no se autoriza, y otra parte igualmente importante no se llega a plantar, porque resulta técnica y económicamente inviable. A su juicio, ante esta situación cabe plantear “un escenario de elegibilidad alternativo para las muy pequeñas DOP e IGP en condiciones de excepcionalidad, que permita autorizaciones efectivamente útiles”.