El Principado desarrollará la segunda campaña de inspección para garantizar unas adecuadas condiciones de trabajo en el sector de la construcción, evitar los fraudes en la contratación y luchar contra la economía sumergida. El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola; el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción, Joel García; el secretario general de CC.OO. de Construcción y Servicios de Asturias, Jeremías Dos Santos, y el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Asturias, Jenaro Martínez, han firmado un convenio de colaboración para dar continuidad a la iniciativa que el Ejecutivo asturiano y los agentes sociales pusieron en marcha en 2017. El director general de Trabajo, Antonio González, también ha asistido al acto.
Este nuevo acuerdo de colaboración evidencia el éxito de la anterior campaña, que se llevó a cabo en 2017 y 2018, y se saldó con 9.243 visitas de vigilancia y asesoramiento a obras que motivaron 466 denuncias a la Inspección de Trabajo. Entre ellas, destacan las relativas a falsos autónomos (236), empresas sin organización productiva propia (123) y compañías con trabajadores sin asegurar (91). Asimismo, se ejerció un control especial sobre la existencia y correcta cumplimentación del libro de subcontratación, con un total de 4.959 visitas.
El consejero ha agradecido el compromiso de los agentes sociales mayoritarios del sector de la construcción (CAC-Asprocon, CCOO y FICA-UGT) y su cooperación con la Administración autonómica y la estatal, a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para defender un objetivo común de vigilancia y control. En este sentido, también ha resaltado el apoyo de la Inspección de Trabajo y de los delegados territoriales, “con una actuación sobresaliente en la difusión y vigilancia de las condiciones preventivas del sector”.
La segunda campaña de inspección incluye las siguientes acciones:
– Actuaciones de divulgación y concienciación destinadas a los agentes promotores, tanto públicos como privados, y a las empresas de la construcción, sobre la importancia de cumplir con la normativa en materia laboral y social, sobre todo cuando la especificidad de las obras obliga a recurrir a la subcontratación.
– Acciones de transferencia de información a favor de las autoridades públicas firmantes del convenio para facilitar la coordinación, optimización y eficiencia de los recursos disponibles. Así, por ejemplo, los agentes sociales del sector remitirán a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, cada dos meses, una copia de los escritos que dirijan a las administraciones públicas promotoras de obras de construcción cuando existan dudas razonables de que se están incumpliendo los porcentajes máximos de subcontratación previstos en el contrato de adjudicación, en el pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su defecto, en la Ley de Contratos del Sector Público.
– Cooperación para impulsar proyectos específicos que faciliten a las empresas las gestiones y el cumplimiento de obligaciones de carácter formal.
Durante esta campaña, se mantendrán las comisiones de evaluación y coordinación como instrumentos eficaces a la hora de poner en común los distintos criterios de actuación y de medidas a adoptar entre las partes firmantes.