El tiempo medio entre la primera solicitud y la resolución final de la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de la eutanasia se redujo el pasado año de 41 a 36 días. Esto supone que la gestión de la prestación en Asturias, que asegura una muerta digna para el solicitante, se realiza dentro de los plazos establecidos por la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). La incorporación de un equipo de apoyo técnico que refuerza todo el procedimiento ha contribuido a mejorar estos datos. El grupo se encarga de dar soporte a la gestión de la prestación de este derecho. Bajo la supervisión directa se encarga de coordinar y supervisar cada caso para facilitar y garantizar todos los trámites a las personas interesadas.
El informe anual que evalúa la prestación de este derecho en Asturias correspondiente a 2023 recoge que 34 personas solicitaron la prestación. Veinte de ellas eran hombres y catorce mujeres. Al inicio del proceso, cuatro personas revocaron su decisión y otras diez fallecieron antes de la tramitación, a pocos días de enviar la petición.
De las otras veinte solicitudes, doce fueron aprobadas (ocho personas recibieron la prestación, una la revocó y otras tres pidieron aplazamiento) y las otras ocho denegadas. De los ocho casos en los que se realizó la eutanasia, cinco se realizaron en el domicilio mientras que tres recibieron la prestación en medio hospitalario. Las enfermedades neurológicas y oncológicas irreversibles, incapacitantes, en fases muy avanzadas y sin alternativas terapéuticas continúan siendo las patologías que padecen las personas que piden la aplicación de este derecho. La media de edad de los demandantes se sitúa en los 71 años frente a los 68 de 2022.
El año pasado, además, se experimentó un incremento del porcentaje de personas que habían registrado el documento de instrucciones previas (DIP) que pasó de un 36% en 2022 a un 60% en 2023.
Registro del documento de instrucciones previas
Desde la implantación de la LORE en Asturias, Salud recomienda que se haga un registro del conocido como DIP. Se trata de un documento que permite a los profesionales sanitarios, a los familiares y al entorno cuidador conocer con exactitud las últimas voluntades de cada individuo. De esta manera se facilita la toma de decisiones al tiempo que se protege la dignidad personal en el proceso final de la vida.
Hasta mayo de este mismo año se han tramitado 2.256 instrucciones, de las cuales 1.987, se realizaron a través de los profesionales del trabajo social de los centros de salud. En 2023 se formalizaron 3.370 y el año anterior 1.394 expedientes. Año a año se constata que el otorgamiento de instrucciones previas en los centros de Atención Primaria sigue creciendo hasta alcanzar ya el 88% del total de solicitudes de la ciudadanía.
Paralelamente, Salud cuenta con una campaña informativa sobre la importancia de planificar y expresar las preferencias de los ciudadanos y tratamientos al final de la vida. De esta manera se pone en valor el respeto a la autonomía individual y la dignidad de cada persona para asegurar que tengan el control sobre sus vidas y que se respeten sus decisiones incluso en situaciones difíciles. Para más información de esta iniciativa se puede consultar en https://acortar.link/gGewkZ.
José Fernández es el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación.