El presidente de la FACC y alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, muestra su preocupación por las consecuencias que para los planes de empleo y para la propia administración local puede tener la sentencia que obligará a 21 ayuntamientos a devolver a la Unión Europa, casi tres millones de euros, correspondientes al período 2014-2015 y 2015-2016, tras la demanda interpuesta, precisamente desde Asturias, por un sindicato. En una reunión de la FEMP, en Madrid, se ha pedido a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que estudie alguna fórmula legal para acomodar los contratos laborales a esos planes de empleo, ofreciendo a los ayuntamientos plena seguridad jurídica respecto a la contratación de los trabajadores.
Comparte esta noticia