La diputada de Podemos Asturias, Nuria Rodríguez, ha preguntado este jueves en la Comisión de Industria de la Junta General del Principado, a la directora general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, por la planificación que el gobierno regional pretende hacer respecto a la yacimiento de oro de Salave. Díaz ha recordado que “cualquier proyecto minero está actualmente sometido a una rigurosa regulación ambiental que determinará, con todas las garantías que establece el marco jurídico, la viabilidad ambiental, o no, del mismo”. También explicó que el proyecto minero para Salave, se encuentra actualmente en la fase de tramitación de declaración de impacto ambiental, periodo en el que se han abierto sucesivas fases de información pública y consulta a interesados; también ha explicado que su departamento es el órgano al que corresponde la tramitación de proyectos mineros, pero en ningún caso es competente para determinar si un proyecto cumple la normativa medioambiental, de medio natural o de uso de acuíferos. Afirmó también que proyecto minero de Salave prevé desarrollarse durante 14 años y medio (una parte de labores preparatorias y otra de explotación propiamente dicha), más un período de dos años dedicado íntegramente a la ejecución del plan de restauración. Esta planificación original presentada por los promotores pudiera verse revisada en su caso, si así se considerase en las posibles especificaciones que se recogerán en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
La diputada de Podemos Asturias, Nuria Rodríguez, reprochó al gobierno regional que no haya cuantificado aun «cuál es el impacto económico real de la creación de esta mina, cuánto rendimiento económico de la explotación va a quedarse en la zona y cuánto se va a perder cuando desaparezcan los sectores productivos que se verán afectados, tal y como han dicho la consejería de Medio Ambiente o Confederación Hidrográfica». Además, explicó que Confederación Hidrográfica ha emitido un informe en el que se habla de «el proyecto presentado presenta un riesgo de impacto sobre la calidad del dominio público hidráulico debido a la importante extracción de recursos acuáticos subterráneos que supone la desecación de la zona para la explotación minera hasta nivel de -299 metros sobre el nivel del mar de profundidad frente al nivel actual de + de 30 metros sobre el nivel del mar, afectando a un área de 23 hectáreas, según los datos facilitados por el promotor».
La diputada de IU, Ángela Vallina, reiteró el rechazo de la formación a la mina de oro de Salave, por los «riesgos medioambientales» que supone y que, a su juicio, «no se han solucionado toda vez que el proyecto es prácticamente el mismo» que el analizado años antes, limitándose a «meros ajustes estéticos muchas veces para tratar de colar, una y otra vez, el proyecto que ya fue descalificado». Explicó también en la Junta que, con el paso de los años, «la oposición vecinal ha aumentado» y se han sumado a ella y a la Plataforma Oro No, «vecinos y vecinas del concejo de Tapia, pero también otros municipios limítrofes, así como ganaderos y pescadores». Recordó también que el Parlamento asturiano, aprobó en el año 2008 una Proposición no de Ley, que contó con el respaldo de toda la Cámara, salvo el PSOE, en la que se instaba al Gobierno de Asturias a declarar los lagos de Salave como «un espacio natural protegido» con el objetivo de preservar este espacio de los riesgos que supondría una explotación minera.
Álvaro Queipo, portavoz del PP, ha recordado en la Comisión de Industria que el Partido Popular confía en que «los técnicos del Principado hagan su trabajo convenientemente, con la profesionalidad que les caracteriza» y que cuando se emita la declaración- favorable o desfavorable- sobre el impacto ambiental de este proyecto «se haga con arreglo al respeto y a la sostenibilidad ambiental, que asegure la calidad de las aguas en el entorno (que preocupa mucho en la zona) y que se elabore buscando favorecer «la convivencia en el entorno y con otras actividades (como turismo, turismo rural, ganadería, pesca, es decir, con la gente que ya está viviendo ahí)». Y por eso pidió «el respeto y cumplimiento de la ley».
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