El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha suscrito hoy con CCOO, UGT y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) el Acuerdo de Concertación Social y Económica 2022-2023, que movilizará 981.526.000 euros en los próximos dos años. El jefe del Ejecutivo ha agradecido a patronal y sindicatos “este ejercicio de responsabilidad con Asturias”. “La ciudadanía necesita -y yo diría que exige- capacidad de diálogo y consenso”.
La concertación se estructura en las siguientes seis mesas:
- Reactivación económica y empresarial. Incluye 67 medidas que suman 126,6 millones.
- Ordenación territorial y movilidad, digitalización y reto demográfico: 235 medidas por 113,1 millones.
- Sistemas públicos y de protección social: 83 medidas y 330,1 millones.
- Empleo, educación y formación para el empleo y la salud laboral: 45 medidas y 262,2 millones.
- Igualdad entre mujeres y hombres: 35 medidas y 9,7 millones.
- Foro por la Industria: 39 medidas y 139,1 millones.
Entre las medidas concretas, el documento incluye la promoción de la movilidad sostenible en entornos metropolitanos y el desarrollo de infraestructuras como la Zalia o los accesos al polígono de Bobes. Recoge, asimismo, un proyecto integral para la conservación y mantenimiento de los equipamientos viarios y portuarios y el impulso de planes directores de abastecimiento y saneamiento.
También dispone recursos para la digitalización del sistema educativo, la extensión de la red de escuelas infantiles o la rehabilitación de edificios.
En materia de empleo y Formación Profesional, el acuerdo prioriza la adecuación de la oferta, con titulaciones vinculadas a sectores productivos emergentes y tecnológicos, a través de nuevos ciclos o incrementando las unidades (algunas bilingües) existentes. Asimismo, plantea el refuerzo de actuaciones de calidad para la activación e intermediación en el empleo.
El capítulo industrial incluye iniciativas para fomentar la economía circular como pilar de transformación del tejido productivo, recursos para la diversificación y el impulso a la Estrategia de Transición Justa.
También se crea una mesa de impulso político. Liderada por el vicepresidente Juan Cofiño y con la participación de los máximos responsables sindicales y empresariales, se encargará de abordar algunas de las cuestiones más complejas, como la eliminación de las trabas burocráticas, la extensión de la digitalización, la adecuación de la oferta de FP a la demanda del mercado o la iniciativa legislativa para la recuperación del Consejo Económico y Social como órgano consultivo.